Por: ALEJANDRO REBOSSIO
El presidente del
Senado paraguayo tramita un proyecto de ley para quitarle a Conmebol sus
privilegios tras el escándalo FIFA.
Gobiernos, jueces y
fiscales de diversos países latinoamericanos buscan mostrarse preocupados y
activos ante la corrupción que denunció el pasado miércoles EE UU en la FIFA y
por la que están imputados 18 dirigentes de fútbol, 11 de ellos oriundos de
esta región. En Paraguay, sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol
(Conmebol), el presidente del Senado, Blas Llano, anunció este viernes que
ingresó a esa cámara un proyecto de ley para quitarle la inmunidad diplomática
que su país le había otorgado en 1997 a la entidad deportiva. Dirigentes de la
Conmebol están acusados de recibir 100 millones de dólares en sobornos sobre un
total de 150 millones que denunció la fiscal general norteamericana, Loretta
Lynch.
Pero la justicia de EE
UU aún no logrado que la de Paraguay allanase la sede de la Confederación
Sudamericana para requisar documentación por la protección de la que goza como
si fuera una delegación de un país extranjero o de un organismo multilateral.
"Paraguay no debe aparecer manteniendo una inmunidad que pueda ser
entendida en la comunidad internacional como blindaje que impida investigar el
funcionamiento de la Conmebol”, opinó el senador Llano.
El presidente de la
entidad sudamericana, el paraguayo Juan Ángel Napout, dijo este sábado en una
entrevista con Radio Mitre, de Buenos Aires, que apoya el proyecto de
derogación de la inmunidad: "Vamos a abrirnos y a colaborar. Queremos que
se vea todo”. Sin embargo, cuando un periodista de la emisora le preguntó por
los presuntos sobornos por 7,5 millones de dólares que él y otros presidentes
de asociaciones nacionales de fútbol de Sudamérica habrían recibido en 2013 por
los derechos comerciales de las próximas cuatro ediciones de la Copa América,
según consta en la denuncia de Lynch, Napout respondió que no hablaría del tema
e interrumpió la comunicación.
El presidente de la
Conmebol y exjefe de la Asociación Paraguaya de Fútbol no está, pese a todo,
entre los 18 imputados por EE UU. En cambio, sí figura su compatriota Nicolás
Leoz, de 86 años, que presidió la entidad sudamericana entre 1986 y 2013. La
justicia norteamericana ha pedido su detención el mismo miércoles en que se
difundió la imputación, pero Leoz se hizo ingresar de inmediato en una clínica
de su propiedad en Asunción por una presunta “crisis hipertensiva” dentro de un
cuadro que los médicos describieron como “enfermedad coronaria, valvular
aórtica e insuficiencia renal crónica”.
La fiscalía paraguaya
reconoció que no puede encarcelar a mayores de 70 años o a personas que sufran
una enfermedad grave sino que solo puede ordenar su arresto domiciliario. Pero,
mientras permanezca ingresado, Leoz solo deberá someterse a un procedimiento de
identificación y control médico por parte de funcionarios judiciales. El juez
paraguayo a cargo del caso aún no determinó cuándo se concretará ese proceso.
En Argentina, un juez
allanó el viernes las sedes de dos empresas del negocio de la televisación y la
mercadotecnia del fútbol cuyos tres dueños están en la lista de los 18 acusados
por EE UU y que aún permanecen prófugos. Por petición de la justicia
estadounidense, Interpol requisó la oficina de la productora televisiva Torneos
y Competencias, propiedad del imputado Alejandro Burzaco, entre otros socios, y
la de Full Play, de Hugo Jinkis y su hijo Mariano. EE UU pide la extradición de
los tres empresarios por presunto lavado de dinero y pago de sobornos. Sin
embargo, puede que Argentina niega su envío a la superpotencia. Sucede que al
día siguiente de la imputación de Lynch, las autoridades tributarias de este
país sudamericano denunciaron a Burzaco y los Jinkis por fraude impositivo.
“Nuestro país, como muchos otros, gravan la renta global, independientemente de
cómo se genere. Se trata, en este caso, de empresas argentinas que han sido
denunciadas por sobornos y lavado. Ese dinero ha salido de la banca suiza y se
ha lavado. Se ha puesto en superficie en la banca americana y la banca
americana lo ha denunciado. A nosotros nos interesa cobrar los impuestos en
Argentina por ese dinero”, dijo el jefe de Hacienda de Argentina, Ricardo
Echegaray, al periódico ‘Clarín’.
La presidenta de
Brasil, Dilma Rousseff, apoyó la investigación de EE UU y prometió ayuda:
“Tenemos un acuerdo con ellos. Brasil y el Departamento de Justicia colaboran
sistemáticamente”. Incluso el ministro de Justicia brasileño, José Eduardo
Cardozo, se reunió con el exfutbolista del Barcelona y actual senador Romário
para analizar el escándalo que ha llevado a la detención en Suiza de José Maria
Marin, destituido del cargo de vicepresidente de la Confederación Brasileña de
Fútbol 24 horas después de destaparse el caso.
La justicia de Uruguay
levantó el secreto bancario y congeló las cuentas de otro de los arrestados en
Zürich, sede de la FIFA, las del vicepresidente de esta entidad y exjefe de la
Conmebol, el uruguayo Eugenio Figueredo, según el periódico ‘El País’, de
Montevideo. En Uruguay tenían domicilio dos de las empresas de mercadotecnia
deportiva involucradas en el caso: Full Play y Datisa, que es la firma de los
argentinos Jinkis y Burzaco, del brasileño José Hawilla y del norteamericano
Aaron Davidson, que habría pagado 100 millones de dólares en sobornos a los
dirigentes de la Conmebol y otros 10 millones a los de la Confederación de
Fútbol del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) por las próximas cuatro
copas América, incluida la que de forma extraordinaria se celebrará en EE UU en
2016 para celebrar el centenario de este trofeo sudamericano.
El Gobierno de
Bolivia, enfrentando hace tiempo con el presidente de la federación de fútbol
de su país, Carlos Chávez, aprovechó el escándalo para pedirle a esa entidad
información sobre sus finanzas. La Federación Boliviana de Fútbol respondió que
Chávez no figura en la denuncia de EE UU, pero omitió recordar que sí aparece
una mención de sobornos al presidente de esa entidad, aunque sin dar su nombre.
En Perú, fuentes
vinculadas al exjefe de la asociación local de fútbol Manuel Burga aseguraron
que los supuestos sobornos no fueron a parar a su bolsillo sino a las cuentas
de la entidad. El mismo argumento esgrimieron las federaciones de Argentina,
Chile y Ecuador. "Es un dinero que le pertenece a la FEF (Federación
Ecuatoriana de Fútbol) por la participación de Ecuador en la Copa América, un
dinero normal”, intentó aclarar su asesor jurídico, Guillermo Saltos Guale.
Mientras tanto, la fiscalía ecuatoriana dijo que no investigará el escándalo
porque no ha recibido información al respecto desde EE UU.
La Federación
Colombiana de Fútbol prometió colaboración en las investigaciones, defendió sus
contratos con Full Play, pero no mencionó nada de los pagos de Datisa. En El
Salvador, pese a que sus dirigentes no figuran en la denuncia de Lynch, la
fiscalía prometió una investigación integral. Nada igual se ha escuchado en
otros países latinoamericanos de la Concacaf.
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Fuente: http://www.elpais.com
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